Democracia, nuestra deuda con un jefe de Estado en un exilio irracional

La democracia española no cayó del cielo. No fue un regalo automático de la historia ni una consecuencia inevitable de la muerte de Francisco Franco. Fue una decisión política. Y esa decisión tuvo nombres propios. Uno de ellos fue Juan Carlos I.

Pudo optar por la continuidad del régimen. Tenía margen para hacerlo. Eligió, sin embargo, abrir el sistema. Y para ejecutar esa apertura confió en Adolfo Suárez. El tándem desmontó desde dentro el edificio autoritario: legalización de partidos, elecciones libres, Constitución de 1978. Nada estaba garantizado. Todo podía fracasar.

La prueba definitiva llegó el 23 de febrero de 1981. El golpe encabezado por Antonio Tejero no fue un episodio menor. Aquella noche, la intervención televisada del rey, en uniforme de capitán general, no fue simbólica: fue decisiva. El mensaje fue inequívoco. No habría marcha atrás. El Estado no respaldaba la involución. Esa es la verdad histórica, más allá de las revisiones interesadas.

Después vinieron las sombras. Los errores personales. Las conductas cuestionables. Las investigaciones fiscales. Nada de eso debe ocultarse. Una democracia adulta no blanquea comportamientos individuales. Pero tampoco borra la memoria institucional.

Hoy, el rey que pilotó la apertura democrática vive fuera de España sin condena penal alguna. Su situación se asemeja a un destierro asumido como peaje político en un clima de polarización y cálculo partidista. Y ahí surge la incomodidad.

¿Puede una democracia negar reconocimiento a quien fue decisivo en su nacimiento?

¿Debe el jefe del Estado que facilitó la soberanía popular terminar sus días lejos de su país?

No se trata de blindar conductas privadas. Se trata de proporcionalidad histórica. España le debe la democracia a una generación —a Suárez, a los constituyentes, a millones de ciudadanos— y también al rey que eligió reforma frente a continuidad.

Quizá el verdadero examen de nuestra democracia no esté en cómo juzga los errores, sino en cómo reconoce los servicios decisivos. Y en esa balanza, nos guste más o menos, la deuda sigue ahí.

Y hay una imagen que interpela. ¿Cómo se imagina un funeral de Estado de Juan Carlos I si llega desde un destierro tácito? Hablamos además del padre del actual jefe del Estado, Felipe VI. Hablamos de continuidad institucional y de la imagen exterior de España.

Y en paralelo, se reabren papeles, se desclasifican documentos del 23F, se reactivan debates históricos en momentos políticamente sensibles. ¿Transparencia necesaria? Siempre. ¿Oportunidad política calculada? Algunos lo interpretan así.

En un contexto de debilidad parlamentaria y polarización, cualquier movimiento sobre la memoria institucional tiene lectura estratégica. Y no son pocos los que ven en ciertos gestos una señal dirigida a equilibrios internos, a presiones cruzadas, incluso a sensibilidades que orbitan en torno a Zarzuela.

La cuestión de fondo es simple: ¿memoria con altura de Estado o memoria de coyuntura?

La hormiga no pide impunidad. Pide perspectiva.

No exige olvido. Exige proporción.

Porque cuando llegue ese día —y llegará— España no solo despedirá a un hombre. Se despedirá de una etapa fundacional. Convendría que, cuando eso ocurra, la democracia no tenga que explicar por qué confundió justicia con ingratitud.