En el hormiguero ahora se han
levantado revolucionados sobre quién ejerce en último lugar la potestad de
dictar el currículo educativo de las hormiguitas, en el fondo, la sombra del
adoctrinamiento y de las ideologías, algunas ciertamente retrógradas.
Malos tiempos para el uso de la
educación como arma arrojadiza entre pensamientos radicales, cuando lo deseable
sería un pacto por la Educación con una reforma necesaria en métodos,
objetivos, ayudas, e incluso en las básicas infraestructuras tecnológicas en un
país desarrollado como se le supone a España.
La actual Ley Wert de 2013 de
Educación es clara en cuanto a que es el Consejo Escolar, en dónde por cierto
se encuentran representados los padres, el que tiene potestad sobre la
aplicación de la línea pedagógica, incluyendo desarrollo, programación e
información de actividades complementarias curriculares y de las
extraescolares. En este caso, nos situamos en una idea de VOX sobre el cambio
de dicha potestad hacia los padres, sobre materia curricular con una
autorización firmada que permita o no su desarrollo al centro con los alumnos
en determinadas “materias sensibles” que literalmente extraídas de su llamado
“pin parental” son: “ideología de género, así como educación afectivo sexual” o
también “cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad”,
con lo que los docentes tendrían mermada su capacidad de enseñanza en materias troncales
y específicas como por ejemplo, y entre otras: “ciencias sociales”, “biología”,
”valores éticos”, “valores sociales y cívicos”.
Triste retroceso para el
desarrollo personal sesgar los contenidos consignados en la declaración de
derechos humanos de la mano de un atribuido derecho familiar, en la que se
solicita además, por escrito al centro, el señalamiento de los autores del
taller o actividad, para poder hablar de igualdad entre hombres y mujeres, de
la sexualidad o de cuestiones anejas entre su libre elección.
Insisto que esta cortina de humo
de unos y otros va en detrimento del fin último, la educación. Quizá pueda
imaginarme cuestiones prohibidas del pasado, en cuanto al derecho al voto, el
racismo o el valor único de determinada religión que sufrieran de acciones
políticas en educación con los costes sociales que acarreó.
En las respuestas tampoco se ha
sido muy prudente, pues se ha tachado a los padres de “interesados
propietarios”, cuando al menos la potestad y responsabilidad de los actos de
los menores sí les corresponde, por ley. Así, por ejemplo, se informa y
solicita autorización para salidas del centro, pues son los padres los
responsables finales.
Finalizo, no es una cuestión
menor, pues invade la competencia y autoridad del docente, que se preguntará si
no resultará mejor recurrir a técnicas del pasado como eran “saltar” los temas
controvertidos en historia o en ciencias, eliminar determinados autores en
filosofía o literatura,… “censurar”, en una palabra, para evitar problemas a
corto plazo, pero creando uno fenomenal que deriva en evitar el libre
pensamiento de escolares, poniendo vetos a su desarrollo personal (ver nota).
Ya dije que los pensamientos radicales a izquierda o derecha nunca son
deseables.
Nota. Artículo 27.2
de la CE: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia
y a los derechos y libertades fundamentales”.
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