Desde este hormiguero instaurado en las redes sociales, reflejo de nuestra sociedad, a estas alturas del conocido proceso soberanista, me siento indignado cuando se manejan mentiras o se hacen comparaciones para cubrir de un falso sentimiento democrático el delito y la ilegalidad.
He oído incluso al Señor Iglesias, que no sabe ya cómo frenar la hemorragia de contradicciones a las que le someten los medios y su locuaz sentido de Estado, unido a las ideas de los anticapitalistas separatistas de sus filas, Señor Fachin, hablar de presos políticos, por supuesto las voces de todos los independentistas, bueno, me sorprende alguno más comedido que guarda algo de cordura como el Señor Vila, pero veamos su significado.
Según el Consejo de Europa un “preso político” es aquel al que se le retiene y encarcela violando sus garantías o derechos, o si su privación de libertad es un efecto puramente político y no causa de la comisión de delito tipificado, si es desproporcionada, discriminatoria o soportada en procedimiento ilegal e interesado de la autoridad.
Pues veamos si existe alguna de estas condiciones. La juez Lamela, desde el poder judicial, ha decretado prisión preventiva incondicional contra el ex-vicepresidente de un gobierno autonómico y ocho ex-consejeros a los que se les citó para comparecer por la sucesos acaecidos fundamentalmente desde el 6 de Septiembre hasta el pasado 27 de Octubre, día en el que se sometió al Parlamento regional una propuesta ilegal de declaración unilateral de independencia en la forma de República Catalana.
Por ello se les imputan delitos tipificados de sedición, rebelión y malversación, y se justifica la privación de libertad en el más que probable riesgo de fuga, recordemos que tenemos a cinco miembros del gobierno regional en Bélgica que no atienden al requerimiento, y por la reiteración del delito, en este sentido, son continuas las declaraciones de los ex-miembros del gobierno regional como legítimos, a pesar de su cese, e incluso proclamándose parte de un gobierno de una ficticia República Catalana.
El hecho de sedición es palmario al menos en los últimos dos meses, situándose sin pudor fuera de la ley y de la Constitución que prometieron junto al Estatuto al asumir su cargo. Sobre rebelión la violencia necesaria ha asomado en días como el 20 y 21 de Septiembre, alentadas entre otros por “los Jordis”, y durante mucho tiempo en el que se ha perseguido y repudiado a los catalanes no separatistas, adoctrinando en escuelas tristemente contra un estado español que “nos roba y persigue”, triste... muy triste. Por último, la malversación es un acto necesario y claro pues se ha pagado o pagarán urnas, papeletas, suministros de edificios públicos, carteles, infraestructura mediática como los cargos no competenciales de exterior asimilados a embajadores, etc., con dinero de todos.
Creo que no se trata pues de presos políticos sino más bien de personas que han hecho de la política delito, pues han delinquido, hablando de un derecho para hacerlo auto impuesto, y haciéndolo social, esto es lo grave y lo que me indigna.
Sobrepasan toda legalidad, sin mayorías, sin procedimiento, sin normas, se saltan la ley desde la ley, pues son los representantes del Estado en una región, fomentando el odio a su fuente de derecho.
Por último, buscan ahora el victimismo para enarbolar el odio una vez más como medio electoral, en este caso los catalanes eligen a sus representantes en la región, como lo permite nuestra Constitución, en igualdad, y para el que contradictoriamente se postulan ahora como candidatos. Tengan imaginación y busquen en el diálogo legal nuevas oportunidades como hacemos el resto de los españoles.
Como politólogo cierro mi opinión con varias aseveraciones: la democracia no se constituye en el voto o el hecho de votar, sino en el derecho a realizarlo y en el marco para ejecutarlo con garantías. La ley, por tanto, es la sujeción de un estado de derecho, incluyendo los procedimientos para su cambio y también aquellos para evitar su ruptura. Para no dejarme nada, el oportunismo mediático sobre las corruptelas de políticos o intereses electorales han de superarse, a este respecto todo mi apoyo a los líderes de PP, PSOE y C’S que han estado a la altura en estos tiempos difíciles en los que podemos asegurar que tenemos una gran democracia que ha permitido rebasar ciertos límites deseables pero que seguro debe proteger y protege a los ciudadanos de estos efectos de malos políticos o servidores públicos. Los que han intentado romper nuestro sistema desde la impunidad que presumían derivada del propio sistema han de ser cesados y juzgados, con celeridad pues el delito en términos de proporcionalidad así lo precisa. Los belgas nos mostrarán la fuerza de nuestra democracia.
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